martes, 17 de mayo de 2011

Pedido al Gobernador para que se retire de S-Comm

Récord de deportaciones y S-Comm en Nueva York

Funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), anunciaron un número récord de deportaciones de inmigrantes indocumentados: más de 392 mil en 2010, el número más alto en la historia del país, y esperan llegar a 404 mil en 2011. Este récord se logró, según las autoridades, gracias a una mayor aplicación de la ley en la frontera y en los puestos de trabajo, así como la expansión del programa Comunidades Seguras de colaboración entre las policías locales y el Servicio de Inmigración, (ICE).

El programa Comunidades Seguras, que usa las huellas digitales para detectar a inmigrantes indocumentados en prisiones estatales y cárceles locales, creció de 14 jurisdicciones o condados en 2008 a más de 1211 hoy en día. El DHS tiene el objetivo de expandir el programa a todos los condados del país para el año 2013, según expresó la directora, Janet Napolitano.
Una vez que la persona es detenida y enviada a una cárcel participante de Comunidades Seguras por cualquier delito, se cotejan sus huellas digitales con las bases de datos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y la Oficina de Investigación Federal (FBI), para determinar su historial migratorio y criminal. Según el ICE, si la información concuerda con los récords del DHS, inmigración evalúa la situación migratoria del extranjero y los cargos por los cuales fue detenido para tomar una decisión sobre su futuro. Esto incluye a residentes legales e inmigrantes sin permiso de estadía legal.

Según coaliciones de grupos de derechos de los inmigrantes, incluyendo al Centro por los Derechos Constitucionales y la Red de la Organización del Día Nacional del Trabajo, las estadísticas obtenidas del ICE muestran que casi el 80% de las personas detenidas a través del programa Comunidades Seguras no eran delincuentes, o fueron arrestadas por ofensas menores.
Hace poco, una mujer inmigrante que vive en California llamó a la policía durante un incidente de violencia doméstica. En vez de recibir la ayuda que necesitaba, fue arrestada, le tomaron las huellas digitales, para luego ser transferida en custodia de ICE, incluso cuando no había ningún cargo en su contra. Según el Centro por los Derechos Constitucionales (CCR), este tipo de injusticias ocurre cada día en los más de 1200 condados del país que adoptaron esta peligrosa forma de colaboración entre el sistema de justicia penal y de inmigración.
Mientras tanto, hace casi un año nuestro anterior gobernador Paterson, firmó el 18 de mayo de 2010 un principio de acuerdo, o MOA según sus siglas en inglés, para implementar el controvertido programa Comunidades Seguras en el estado de Nueva York, sin consultar al público. En respuesta, más de cuarenta organizaciones por los derechos de los inmigrantes de Nueva York siguen intentando parar esto que parece un irreversible Apocalipsis. En Nueva York, 24 de los 62 condados del estado ya se agregaron al programa, incluyendo Nassau, Suffolk, Westchester, Rockland, Putnam, Orange y Dutchess.
Gobernador Cuomo: por favor retire al estado de S-Comm. El clima de miedo y confusión no debería continuar.



Police, elected officials, and religious leaders all agree. New York must withdraw from “Secure Communities” which turns local law enforcement into an arm of ICE. Please add your voice to the chorus asking Gov. Cuomo to protect us all by separating our police from immigration enforcement.
Keeping New York safe depends on building trust between police and immigrant communities. Immigrants, like all of us, are the eyes and ears of the police. Recognizing this, many of our police departments have done groundbreaking work in improving cooperation with newcomers, making all of New York more secure against violent criminals. When New York joined ICE’s “Secure Communities” program, that progress began to unravel.
Secure Communities requires that local police in New York State run the fingerprints of all arrestees through an ICE database that tags immigrants for deportation. Nationally, the majority of those deported under Secure Communities are immigrants who have never been convicted of any serious crime. While New York was assured by the Department of Homeland Security that police departments could opt-out of Secure Communities, ICE now insists that as long as the state is a participant, all police in our state must share immigrants’ fingerprints with ICE. Immigrants now rightly perceive the police who are sworn to protect them have been enlisted by ICE as immigration enforcement agents. They worry that police in counties like Suffolk and Putnam with a history of racial profiling are arresting immigrants on slight pretexts to remove immigrants from certain communities. “Secure Communities” is building a wall of mistrust between law enforcement and newcomers.

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